La Sentencia del Tribunal Constitucional 113/2021, de 31 de mayo, ha resuelto, estimándolo, un recurso de amparo en relación con un procedimiento de ejecución de títulos judiciales en cuya virtud se ordenó el desalojo de vivienda sin observar el deber de motivación reforzada al no ponderar la afectación a menores y personas con discapacidad. El asunto tiene especial valor porque dicha Sentencia cuenta con un voto particular emitido por el magistrado Enríquez Sancho, que discrepa de la fundamentación y fallo defendiendo, precisamente, el «formalismo rigorista» que la mayoría rechaza.
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