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La entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP 9/2017) se produce en un contexto socio político ciertamente excepcional que se caracteriza por una crisis económica profunda y una percepción errónea e interesadamente exagerada de la existencia de una corrupción generalizada que produjo una palpable desconfianza en el actuar del sector público.
Esta particular situación dio lugar a la publicación de una amplia normativa restrictiva de la actuación de los entes instrumentales. Entre ellas se destaca especialmente la citada LCSP 9/2017 que con la extensa, restrictiva y contradictoria regulación de los encargos a medio propio, de las condiciones del mismo y a la especial regulación del criterio de su idoneidad, lograba comprometer su actuación y entorpecía y hacía muy difíciles las tradicionalmente fáciles y fluidas relaciones con sus administraciones titulares.
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